martes, 19 de marzo de 2013

Instituciones tras uso racional de plaguicidas


·         Proyecto, con duración de cinco años, cerrará con la presentación de resultados.
 
Mañana martes 19 de marzo, se darán a conocer los resultados, en el ámbito nacional, del proyecto denominado “Manejo de plagas a nivel comunitario en agricultura Centroamericana”, desarrollado en Costa Rica, Nicaragua y Honduras, con el financiamiento de la Agencia de Cooperación de Canadá y la Universidad de Manitoba.
El objetivo de dicho proyecto fue el fomento de prácticas alternativas al uso de plaguicidas, con la finalidad de reducir el uso de agroquímicos y evitar riesgos de contaminación a la salud humana, animal y el ambiente.
En Costa Rica, las instituciones involucradas han sido el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia de Extensión de Pacayas, en conjunto con el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) y el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), ambos de la Universidad de Costa Rica. El proyecto, es coordinado por la Elizabeth Carazo Rojas, Directora del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental.
Uno de los factores que más impacta el ambiente es el abuso de plaguicidas y, aunque es la principal preocupación, el proyecto aborda el tema de forma más integral, enfocándolo como parte de las buenas prácticas agrícolas, en un contexto de recursos ambientales como el suelo, el agua y el clima.
Para desarrollar el proyecto se eligieron las comunidades del cantón de Alvarado   en la zona norte de Cartago por su alta productividad, tecnificación agrícola y uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes. El estudio se realizó en varias fincas modelo donde se desarrollaron parcelas demostrativas en las que se pusieron en práctica las mejores metodologías agrícolas. Los productores participaron en “días de campo”, donde observaron por sí mismos la conveniencia de adoptar buenas prácticas agrícolas.
El proyecto tuvo un componente social comunitario orientado a no imponerle normas y prácticas al productor, sino tratar de entender sus prácticas agrícolas, rescatar las buenas y corregir aquellas que sean inconvenientes, así como un componente político, enfocado a que las autoridades estatales reguladoras del sector agrícola impulsen las buenas prácticas en la reglamentación oficial. El trabajo de campo se desarrolló con la participación de estudiantes de las universidades parte del convenio e involucró la vivencia con los productores. Con este proyecto los agricultores (as) podrán producir alimentos más saludables y reducir la cantidad de plaguicidas que en muchos casos terminan en los  ríos.
El proyecto en el área centroamericana tuvo una inversión de ¢881 millones y medio de colones, la mayoría de los fondos fueron aportados por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI). Las universidades involucradas (la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Manitoba en Canadá, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Agraria de Nicaragua) también aportaron una considerable contrapartida en equipo, laboratorios y personal. 

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