jueves, 12 de marzo de 2015

SECTORES PESQUERIA DE CAMARÓN Y GOBIERNO CONSTRUYEN POLÍTICA NACIONAL

·        Para dar respuestas y acciones a sector que vincula familias, empleo, producción y sostenibilidad. Herramienta para reducir pobreza en zonas costeras del Pacífico costarricense.
·        Se propondrá proyecto de Ley y estrategia de aprovechamiento sostenible. Defensoría de los Habitantes es observadora del proceso.

Con el objetivo de construir un modelo sostenible de ordenamiento de la pesquería  del camarón, para  generar  empleo y  el combate de la pobreza en las comunidades costeras del Pacífico costarricense, el Poder Ejecutivo emitió una política nacional de aprovechamiento sostenible del camarón.

Esta surge como resultado del  diálogo iniciado durante el año 2014  y, que  por primera vez, se sientan en  consulta voluntaria las instituciones gubernamentales; los sectores de pesca semi-industrial de arrastre; pesca artesanal y molusqueros; pesca deportiva y turística; pesca semi-industrial del cerco; pesca de palangre; organizaciones no gubernamentales, organizaciones ambientales y sector académico, con la participación de la Defensoría de los Habitantes como observadora del proceso.

Así lo anunciaron el Presidente Ejecutivo del Incopesca, Gustavo Meneses; y el Viceministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales, Fernando Mora, quienes presentaron a los miembros de la Comisión que tendrán como responsabilidades entregar un proyecto de Ley para el ordenamiento de la pesca del camarón en un plazo de 3 meses, y una estrategia de aprovechamiento sostenible, en un plazo de 6 meses.

“El objetivo es atender a un sector que vincula familias, empleo, producción y retos de sostenibilidad, en un territorio costero, que como Puntarenas, es zona que requiere de respuestas y acciones para mejorar los índices de empleo y de esa manera combatir la pobreza”, expreso Gustavo Meneses, Presidente Ejecutivo de INCOPESCA.

COMPROMISOS DE LOS SECTORES

La estrategia contendrá los compromisos que los diferentes actores de la cadena de la pesquería de camarón están dispuestos a adoptar de manera inmediata y voluntaria para garantizar la mejora de los ecosistemas costeros y el bienestar y seguridad de las personas que dependen directa o indirectamente de este recurso.

Dentro de esas medidas voluntarias, el sector camaronero ha propuesto el alejamiento de 15 metros de batimetría (profundidad) para la pesca, lo que garantiza la recuperación del recurso en las desembocaduras de los ríos, manglares y la costa en general.

“El respeto a las zonas de veda y el aumento de los periodos de veda de 4 a 6 meses, así como el desarrollo del programa de observadores a bordo, para el monitoreo de capturas, descartes y tallas mínimas, son otras de las acciones que voluntariamente estaría asumiendo el sector camaronero que también garantiza el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto al uso de dispositivos de localización satelital, excluidores de tortugas y de peces”, señaló el Viceministro de Aguas, Mares y Humedales, Fernando Mora.

El Incopesca será la entidad encargada de coordinar y facilitar la  mesa de diálogo intersectorial, mientras que la academia y las organizaciones ambientales, con el apoyo de otras entidades del Estado involucradas, se encargarán de desarrollar un programa de investigación que genere información base sobre el estado del recurso por zonas y métodos de pesca.

En agosto de 2013, la Sala Constitucional emitió la resolución 013010540 en la que establece que las licencias, permisos o autorizaciones de pesca de camarón vigentes conservarán validez hasta el vencimiento del plazo otorgado. Una vez que expire ese plazo, no podrán ser prorrogadas. La Sala también resolvió que los titulares de las licencias deben sujetarse a las regulaciones que se dicten sobre la pesca de arrastre y que la continuidad de las licencias queda condicionada a la adopción de nuevas tecnologías más amigables con el ambiente.


Según datos estimados del sector camaronero, la actividad genera más de 3mil empleos, entre directos e indirectos. Tras el fallo de la Sala Constitucional, una empresa cerró sus puertas dejando a 110 personas sin empleo, mientras que otra disminuyó sus empleados de 450 a 175, dejando sin trabajo a otras 275 personas. 

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