En torno a las versiones
equivocadas que han circulado algunas organizaciones ambientalistas que afirman
que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
aprobó el pasado viernes la renovación de licencias de pesca de arrastre, el Incopesca
desea aclarar a la opinión pública:
1.
La Junta Directiva del Instituto no ha renovado ninguna licencia
de pesca de camarón con red de arrastre.
2.
La Junta Directiva del Incopesca sí tomó un acuerdo el pasado
viernes 10 de noviembre, que se enfoca en el Desarrollo y Aprovechamiento
Sostenible del Camarón en Costa Rica y podría quedar en firme en las próximas
semanas, si así lo decide la Junta Directiva.
3.
Este acuerdo es absolutamente respetuoso de la jurisprudencia
constitucional, en particular de la sentencia de la Sala Constitucional, del 7
de agosto de 2013, como corresponde al Estado de Derecho. No busca permitir la
pesca de arrastre indiscriminada y más bien procura lograr el equilibrio entre
los principios ambientales y de producción sostenible.
4.
Se proponen en él, medidas de sostenibilidad de carácter
biológico, ambientales y socio-económicas, basadas en información
técnico-científica y de conformidad con la disponibilidad del recurso marino
del camarón, dentro de las que están la definición de límites que permitan la
regulación de porcentajes máximos de pesca incidental aprovechables y
descartes, así como el establecimiento de vedas diferenciadas por tipo de flota,
especie y zona de pesca.
5.
El acuerdo consta de alcances y disposiciones que fijarán los
fines y principios, las evaluaciones y las investigaciones, mediante las cuales
se definirán los procesos de evaluación científica, académica y social para la
actividad y el otorgamiento de licencias.
6.
Es importante reiterar que dicho acuerdo cumple con los
principios de respeto al ambiente y sostenibilidad en el uso de recursos
naturales y propone soluciones a largo plazo para poblaciones costeras,
afectadas por la pobreza, que dependen de una actividad económica que debe ser
regulada con fundamento en el aprovechamiento sostenible, según ha ordenado la
propia Sala Constitucional.
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