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Proyecto, con duración de
cinco años, cerrará con la presentación de resultados.
Mañana martes 19 de
marzo, se darán a conocer los resultados, en el ámbito nacional, del proyecto
denominado “Manejo de plagas a nivel comunitario en agricultura Centroamericana”,
desarrollado en Costa Rica, Nicaragua y Honduras, con el financiamiento de la
Agencia de Cooperación de Canadá y la Universidad de Manitoba.
El
objetivo de dicho proyecto fue el fomento de prácticas alternativas al uso de
plaguicidas, con la finalidad de reducir el uso de agroquímicos y evitar
riesgos de contaminación a la salud humana, animal y el ambiente.
En Costa Rica, las instituciones
involucradas han sido el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); el Instituto Nacional de
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia de
Extensión de Pacayas, en conjunto con el Centro de Investigaciones
Agronómicas (CIA) y el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental
(CICA), ambos de la Universidad de Costa Rica. El proyecto, es coordinado por
la Elizabeth Carazo Rojas, Directora del Centro de Investigación en
Contaminación Ambiental.
Uno de los factores que más impacta
el ambiente es el abuso de plaguicidas y, aunque es la principal
preocupación, el proyecto aborda el tema de forma más integral, enfocándolo
como parte de las buenas prácticas agrícolas, en un contexto de recursos
ambientales como el suelo, el agua y el clima.
Para desarrollar el proyecto se eligieron las comunidades del cantón
de Alvarado en la zona norte de Cartago por su
alta productividad, tecnificación agrícola y uso intensivo de
plaguicidas y fertilizantes. El
estudio se realizó en varias fincas modelo donde se desarrollaron
parcelas demostrativas en las que se pusieron en práctica las mejores
metodologías agrícolas. Los productores participaron en “días de campo”,
donde observaron por sí mismos la conveniencia de adoptar buenas prácticas
agrícolas.
El proyecto tuvo un componente
social comunitario orientado a no imponerle normas y prácticas al productor,
sino tratar de entender sus prácticas agrícolas, rescatar las buenas y
corregir aquellas que sean inconvenientes, así como un componente político,
enfocado a que las autoridades estatales reguladoras del sector agrícola impulsen
las buenas prácticas en la reglamentación oficial. El trabajo de campo se
desarrolló con la participación de estudiantes de las universidades parte del
convenio e involucró la vivencia con los productores. Con este proyecto los
agricultores (as) podrán producir alimentos más
saludables y reducir la cantidad de plaguicidas que en muchos casos terminan en los ríos.
El proyecto en el área
centroamericana tuvo una inversión de ¢881 millones y medio de colones, la
mayoría de los fondos fueron aportados por la Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional (ACDI). Las universidades involucradas (la
Universidad de Costa Rica, la Universidad de Manitoba en Canadá, la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Agraria de
Nicaragua) también aportaron una considerable contrapartida en equipo,
laboratorios y personal.
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