Ejecutivo decreta emergencia por déficit hídrico en Guanacaste y otras regiones del país


Declaratoria se da en cantones de Guanacaste, Puntarenas, Alajuela, Cartago y San José.

·        Déficit hasta de 75% de lluvias provocaron afectaciones en uso de agua para consumo humano, actividades agroalimentarias, pesca, ecosistemas naturales y bosques.

·        Plan de Acción coordinado entre MAG y CNE procura recuperar niveles de producción para evitar caída de economías rurales.

El Gobierno de la República declaró este martes estado de emergencia ante la situación generada por el déficit hídrico del país, consecuencia del comportamiento anormal de las precipitaciones como efecto del Oscilación del Sur-el Niño (ENOS). La situación ha afectado el consumo humano del líquido, las actividades productivas de vocación agrícola y el medio ambiente.
El edicto declara emergencia en en todos los cantones de Guanacaste, además de Coto Brus, Esparza y el cantón central de Puntarenas;  Upala, Los Chiles, Guatuso, y San Carlos de Alajuela; así como los cantones central y Oreamuno de Cartago, y Puriscal, en la provincia de San José.
Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el comportamiento de las lluvias en noviembre 2018 muestra un déficit de un 75% en Cartago, 47% en el Pacífico Norte, 30 a 48% en el Pacífico Central y 10% en el Pacífico Sur.
La situación se mantiene incluso hasta abril 2019 cuando Cartago reportó un déficit de 60%; las regiones del Pacífico Central y Norte de 50% a 75%, la Región Pacífico Sur de 10 a 20% y la Zona Norte entre 15 y 20%.(IMN: abril, 2019).
La firma del decreto tuvo lugar en el asentamiento Agrolajas, Las Juntas de Abangares, paralelo al anuncio de inversión en obras de infraestructura de riego con presencia del presidente Carlos Alvarado, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, junto con el Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís.
El mandatario recordó que en octubre anterior, el Poder Ejecutivo firmó una directriz en la que se creó el Comité Permanente de Atención a ENOS, integrado por 12 instituciones, enfocado en monitoreo de eventos, evaluación de impactos, guía de acciones “para asegurar las alternativas de susbsistencia mientras se logra la recuperación de su economía doméstica y de la pequeña actividad agropecuaria, incluida la pesca y la acuicultura”.
El decreto facilita además la construcción del Plan de Acción y el aporte de recursos por parte de otras entidades para su ejecución, con acciones y obras necesarias para la atención, rehabilitación, habilitación y reposición de la infraestructura de uso agropecuario, agricultura y ganadería dañadas que se ubiquen en zona de cobertura de la declaratoria.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, señaló que ante el impacto del déficit de lluvias en el sector Agropecuario “requerimos el decreto de emergencia, para atender las necesidades de las familias productoras, de manera que logremos recuperar sus niveles de producción. Estos fenómenos están siendo cada vez más recurrentes y la actividad agropecuaria tiene que ajustar prácticas para mitigar estos efectos. Sobre esto es que estamos trabajando”.

Por su parte el presidente de la CNE, Alexander Solís indicó que es necesario brindar herramientas a los diferentes sectores para adaptarnos y mitigar los efectos que sufren las familias, los agricultores, pesqueros,  ante el impacto,  cada vez más recurrente, del fenómeno de la Niña y el Niño.

Consecuencia del fenómeno se reportan pérdidas en cultivos como café, hortalizas, frijol, arroz y caña, entre otros; igualmente se determinó perjuicio en actividades como pesca y acuicultura por cambios en el comportamiento de las especies que afecta las pesquerías y muertes de colmenas y baja productividad.

En ganadería ha ocurrido la muerte de animales, pérdida y reducción de la productividad, tanto en ganado de leche como de engorde. 

A nivel ambiental se registra una incidencia anómala de incendios forestales, llegando a un registro de 172 hasta el mes de mayo de 2019, que ha provocado la quema de 2265 hectáreas impactando áreas de pastoreo, cultivos y áreas protegidas con daños colaterales en los ecosistemas naturales.

Aún cuando las diferentes instituciones tomaron y recomendaron medidas de mitigación, el tipo de  fenómeno y la recurrencia de los periodos de sequías, amerita aplicar un régimen de excepción para enfrentar las pérdidas mediante el impulso de proyectos de recuperación.

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