MAG e INCOPESCA actúan ante medida judicial que deja sin sustento a miles de familias pesqueras en Costa Rica
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Ambas instituciones defienden firmemente ante los
tribunales la legalidad y sostenibilidad de la pesca y exportación de especies
reguladas.
medida judicial que, de forma abrupta y sin consulta técnica previa, amenaza el sustento de miles de familias del sector pesquero nacional.
El
pasado 18 de septiembre, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda, mediante resolución provisionalísima dictada por el juez Castillo
Aguilar, ordenó la suspensión inmediata de la exportación de seis especies de
tiburón: tiburón zorro, tiburón zorro pelágico, tiburón zorro del Atlántico,
tiburón zorro ojón, tiburón sedoso y tiburón gris de arrecife.
Ante
esta situación, el MAG e INCOPESCA se movilizaron de inmediato, presentando hoy una contundente
respuesta ante el tribunal, en la que refutan
de forma técnica, científica y jurídica los argumentos del demandante
y exigen la revisión urgente de la medida, por su grave impacto económico y
social.
“No
podíamos quedarnos de brazos cruzados ante una decisión que paraliza la vida de
miles de personas. Nuestra prioridad es proteger el bienestar de las
comunidades costeras, garantizar sus derechos y defender un modelo de pesca responsable,
legal y sostenible", afirmó Víctor Carvajal Porras, ministro de
Agricultura y Ganadería.
La
medida judicial, aplicada sin un análisis técnico de fondo, ha generado ya
consecuencias alarmantes: más
de 8 mil personas afectadas directa e indirectamente, barcos
paralizados en altamar, producto retenido sin posibilidad de descarga, y
familias sin ingresos ni alternativas inmediatas.
Por
su parte, INCOPESCA
aportó pruebas verificables que confirman el cumplimiento riguroso de las
regulaciones nacionales e internacionales, incluyendo la
Convención CITES, que no
prohíbe la exportación de estas especies, sino que establece
mecanismos de control que Costa Rica ha venido aplicando de forma responsable.
“Hemos
entregado al tribunal una defensa sólida, basada en evidencia científica y
normativa vigente. Esta medida, aunque provisional, pone en riesgo el sustento
de miles de familias que dependen de una actividad regulada y legal. Estamos
confiados en que los jueces sabrán ponderar los impactos humanos y económicos,
y reconocer la solidez de nuestras regulaciones pesqueras”, señaló Nelson Peña, presidente
ejecutivo de INCOPESCA.
Tanto
el MAG como INCOPESCA subrayan que esta situación no solo representa una
amenaza para el bienestar de comunidades históricamente vinculadas al mar, sino
que también envía un mensaje equivocado sobre el compromiso del país con la
justicia social y el desarrollo sostenible.
No
se protege el océano castigando a quienes viven de él. La conservación debe
construirse con las comunidades costeras, no en su contra. Costa Rica ha
demostrado que una pesca legal, responsable y sostenible es posible, y esa es
la ruta que seguiremos defendiendo: con evidencia, con compromiso y con la ley
en la mano.
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