MAG aplaude aprobación en segundo debate de cobro diferenciado a productores agrícolas

La Ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham Peralta, manifestó su satisfacción por la aprobación este jueves, en segundo debate, de la Ley que permitirá a las municipalidades cobrar, de manera diferenciada, el impuesto de bienes inmuebles, a los agricultores que dedican sus fincas a la producción agropecuaria primaria.
 
La Ministra Abraham agradeció a los diputados la aprobación de mejores condiciones en favor de los productores, ya que en su criterio, se corrigió un error que ponía en riesgo el uso agropecuario de la tierra. “La plataforma homogénea de valores no medía de forma justa y equilibrada el valor de la tierra para uso agrícola, ya que está elaborada con base en criterios muy urbanos”, explicó.
 
La jerarca aplaudió, además, el acuerdo logrado entre los sectores municipal y productivo, que permitió a los diputados aprobar una iniciativa en la que nadie se siente perdedor.  “En el cantón, ambas partes se necesitan: los productores requieren de municipalidades que les presten servicios de calidad y los munícipes se deben a sus electores, así que en la balanza ambos quedaron en equilibrio”, declaró Abraham.
 
La legislación aprobada por los diputados establece la realización del censo agropecuario y la elaboración de una nueva plataforma de valores que contemple el uso agropecuario de los terrenos a la hora de calcular el impuesto territorial.
 
Al respecto, la Ministra Abraham Peralta indicó que la confección de una nueva plataforma de valores agropecuarios, junto con los funcionarios del Órgano de Normalización Técnica, es una urgencia real, ya que los productores requieren tener reglas claras que les garanticen poder mantener su tierra en uso agrícola  y contar con la disponibilidad de pagar los impuestos con lo que sus cosechas generan.
 
Sobre el censo agropecuario, la jerarca del Sector Agroalimentario manifestó que desde el 2010, el MAG tiene una propuesta de trabajo con el INEC.  El proyecto aprobado establece que el Ministerio de Hacienda debe facilitar los recursos para realizar el censo.
 

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