En la Gaceta N° 186 del 27 de setiembre de 2013,
se publicó el Decreto
Ejecutivo N° Nº 37918-MAG-S-SP-MOPT “Reglamento a la Ley de
Control de Ganado Bovino, Prevención y Sanción de su Robo, Hurto y Receptación.
Esta nueva reglamentación empezó a regir a partir del 27 de octubre y es producto de un esfuerzo conjunto del
Servicio Nacional de Salud Animal, entidad del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, la Fuerza Pública y CORFOGA entre otros, para
establecer reglas claras en la
movilización y transporte de ganado en pie, sus productos y subproductos, de acuerdo con las disposiciones que establece
la Ley Nº 8799 y con ello
coadyuvar en la defensa del patrimonio del Sector Ganadero Nacional.
Este reglamento define los procedimientos, mecanismos y
responsabilidades para controlar, regular, prevenir y sancionar el
destace, la matanza, el apoderamiento, la movilización, el transporte, la
comercialización, el contrabando y la negociación de ganado bovino, así como de
sus productos y subproductos.
En esta reglamentación se incluye
también normalización sobre la
identificación de los bovinos, el uso de
guías para la movilización de ganado
bovino dentro del territorio nacional, así como la
obligación de los transportistas de pasar por el puesto de control permanente o
Delegación de Policía más cercana al establecimiento de embarque de los
animales, ya que las guías que no hayan sido controladas en al
menos un puesto de control policial se consideran incompletas y no podrán ser
recibidas en las subastas y mataderos.
Además, los puestos de vigilancia deberán llevar un registro con los
datos aportados en la guía, que servirá para el control de los embarques.
En virtud de este
nuevo reglamento, SENASA ha realizado capacitaciones a sus funcionarios y a los
funcionarios de Fuerza Pública para que
la labor se realice de forma ágil, en
apoyo al sector productivo nacional.
Las acciones serán
coordinadas con agentes de la Fuerza Pública, el Ministerio Público, el
Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
y el SENASA, para realizar operativos específicos que protejan el patrimonio de los productores
ganaderos, quienes han dado un aporte decidido y responsable en la implementación de
esta normativa.
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