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Para dar respuestas y acciones a sector que vincula
familias, empleo, producción y sostenibilidad. Herramienta para reducir pobreza
en zonas costeras del Pacífico costarricense.
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Se propondrá proyecto de Ley y estrategia de
aprovechamiento sostenible. Defensoría de los Habitantes es observadora del
proceso.
Esta surge como resultado del diálogo iniciado durante el año 2014 y, que
por primera vez, se sientan en consulta voluntaria las instituciones
gubernamentales; los sectores de pesca semi-industrial de arrastre; pesca
artesanal y molusqueros; pesca deportiva y turística; pesca semi-industrial del
cerco; pesca de palangre; organizaciones no gubernamentales, organizaciones
ambientales y sector académico, con la participación de
la Defensoría de los Habitantes como observadora del proceso.
Así lo anunciaron el Presidente Ejecutivo del Incopesca,
Gustavo Meneses; y el Viceministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales,
Fernando Mora, quienes presentaron a los miembros de la Comisión que tendrán
como responsabilidades entregar un proyecto de Ley para el ordenamiento de la
pesca del camarón en un plazo de 3 meses, y una estrategia de aprovechamiento
sostenible, en un plazo de 6 meses.
“El objetivo es atender a un sector que vincula familias,
empleo, producción y retos de sostenibilidad, en un territorio costero, que
como Puntarenas, es zona que requiere de respuestas y acciones para mejorar los
índices de empleo y de esa manera combatir la pobreza”, expreso Gustavo
Meneses, Presidente Ejecutivo de INCOPESCA.
COMPROMISOS DE LOS SECTORES
La estrategia contendrá los compromisos que los diferentes
actores de la cadena de la pesquería de camarón están dispuestos a adoptar de
manera inmediata y voluntaria para garantizar la mejora de los ecosistemas
costeros y el bienestar y seguridad de las personas que dependen directa o
indirectamente de este recurso.
Dentro de esas medidas voluntarias, el sector camaronero
ha propuesto el alejamiento de 15 metros de batimetría (profundidad) para la
pesca, lo que garantiza la recuperación del recurso en las desembocaduras de
los ríos, manglares y la costa en general.
“El respeto a las zonas de veda y el aumento de los
periodos de veda de 4 a 6 meses, así como el desarrollo del programa de
observadores a bordo, para el monitoreo de capturas, descartes y tallas
mínimas, son otras de las acciones que voluntariamente estaría asumiendo el
sector camaronero que también garantiza el cumplimiento de la legislación
vigente en cuanto al uso de dispositivos de localización satelital, excluidores
de tortugas y de peces”, señaló el Viceministro de Aguas, Mares y Humedales, Fernando
Mora.
El Incopesca será la entidad encargada de coordinar y
facilitar la mesa de diálogo
intersectorial, mientras que la academia y las organizaciones ambientales, con
el apoyo de otras entidades del Estado involucradas, se encargarán de
desarrollar un programa de investigación que genere información base sobre el
estado del recurso por zonas y métodos de pesca.
En agosto de 2013, la Sala Constitucional emitió la
resolución 013010540 en la que establece que las licencias, permisos o
autorizaciones de pesca de camarón vigentes conservarán validez hasta el
vencimiento del plazo otorgado. Una vez que expire ese plazo, no podrán ser
prorrogadas. La Sala también resolvió que los titulares de las licencias deben
sujetarse a las regulaciones que se dicten sobre la pesca de arrastre y que la
continuidad de las licencias queda condicionada a la adopción de nuevas
tecnologías más amigables con el ambiente.
Según datos estimados del sector camaronero, la actividad
genera más de 3mil empleos, entre directos e indirectos. Tras el fallo de la
Sala Constitucional, una empresa cerró sus puertas dejando a 110 personas sin
empleo, mientras que otra disminuyó sus empleados de 450 a 175, dejando sin
trabajo a otras 275 personas.
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