Por: Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería.
Me he enterado de que la organización ambientalista denominada Bloque Verde ha convocado a una marcha en la cual una de las consignas es “No a la certificación de la semilla criolla”, pretendiendo defender la agricultura de una amenaza inexistente. No hay en ningún decreto ni ley promovidos por esta Administración, nada, absolutamente nada, que promueva la certificación de la semilla criolla. Lo mismo daría poner entre las consignas “no a la invasión marciana”.
Lo que se firmó hace unos días es un decreto que norma el procedimiento para el registro de variedades comerciales, registro que existe desde hace muchos años y cuya normalización procedimental estaba pendiente. No tiene absolutamente nada que ver con la certificación de semillas. Los señores del Bloque Verde, supongo que por falta de conocimiento técnico en la materia, generan así una confusión que, en parte, se explica porque el tema es complejo y no puede tratarse en forma simplista.
Empecemos por aclarar que una variedad vegetal es un grupo de plantas de la misma especie que tienen una serie de características comunes y estables. Por ejemplo, recientemente el INTA junto con la UCR liberaron una variedad de frijol denominada “Nambí”, de alto rendimiento, tolerante a la sequía, de grano negro y otras características distintivas como el color de la vaina, el tamaño de los granos, los días a floración, los días a cosecha, el hábito de crecimiento, el color de la flor, entre otros atributos que sirven para diferenciarla de otras variedades de frijol negro que hay en el mercado.
Esta variedad se registra ante la Oficina Nacional de Semillas con todas las características mencionadas, justamente para que a quien compre semillas de esta variedad no le metan “gato por liebre”. De lo contrario, cualquiera que produzca frijol negro podría decir que su variedad es “Nambí” y es tolerante a la sequía cuando en realidad no lo es. Igual que las razas de animales deben estar registradas, las variedades comerciales de plantas también. Igualmente una persona no puede legalmente vender un perro como si fuera pastor alemán si en realidad es un Doberman.
Aclarado lo anterior, y para tranquilidad de los interesados en el tema, el decreto en cuestión excluye expresamente las variedades criollas, respetando así el derecho ya establecido en varios instrumentos legales internacionales que tienen que ver con los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación.
La certificación de semillas es otra cosa. Volviendo al caso de la variedad de frijol Nambí, la UCR o el INTA pueden vender a un agricultor semillerista una cantidad de semilla para que éste la multiplique bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Semillas, la cual expide el certificado correspondiente que indique que se trata de un lote de esa variedad y fue producido bajo determinados estándares fitosanitarios. La certificación de las semillas comerciales, las que se venden en los almacenes de suministros agrícolas o las que distribuye el Consejo Nacional de Producción, es un proceso que existe desde hace 40 años o más en el país, como medio para garantizar a los agricultores que la semilla que adquiere en realidad es lo que dice ser (pureza varietal), y que no va a ser un medio de contagio de hongos, bacterias o virus que atenten contra la productividad (calidad fitosanitaria). Entonces protestar contra la certificación de semillas es como protestar contra la certificación de la calidad del asfalto por parte del LANAMME, o contra el permiso sanitario para el funcionamiento de un comercio de alimentos, o contra el registro sanitario de un medicamento, o cualquier otro procedimiento estatal que lo que busca es que no haya daño a quien compra o utiliza un determinado bien.
Aún así, en el proyecto para una nueva Ley de Semillas, que está en la corriente legislativa, se excluyen las variedades y semillas criollas y se crea un registro voluntario de éstas para quienes deseen que sus variedades, al estar registradas, no estén expuestas a la apropiación por terceras personas, a la llamada “biopiratería”. Lejos de amenazar las semillas y variedades criollas, el nuevo proyecto establece salvaguardas en su defensa.
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