Procuran modernización de la gobernanza institucional agropecuaria



Primer Foro de Abogados y Abogadas del Sector Agroalimentario



  • Juristas analizaron impacto de nuevo Código Procesal Agrario que entrará en vigencia en octubre de 2019.
  • Ministro Alvarado Rivera: “Tenemos el deber de transformar el sector agroalimentario para comenzar a encontrar las rutas que nos permitan alcanzar el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias agropecuarias que viven en el campo”.
 Con el apoyo de la Comisión de Derecho Agrario del Colegio de Abogados y Abogadas, los funcionarios de las  asesorías jurídicas de las 11 instituciones del Sector Agropecuario, se reunieron este miércoles para analizar cómo pueden, desde sus funciones apoyar el objetivo común de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, principalmente las más vulnerables, así como la gobernanza de la institucionalidad agropecuaria.

 
Entre otros temas, los abogados y abogadas reunidos analizaron las fortalezas y debilidades de la normativa que actualmente rige a sus entidades y regula la rectoría del Sector a cargo del Ministro, así como los proyectos de Ley que se encuentran en la agenda legislativa pendientes de aprobación.

Mención aparte merece la revisión del nuevo Código Procesal Agrario, el cual entra en vigencia en octubre de 2019 y que integra nuevos procesos dinámicos acordes con la inmediatez que exige el sector agrícola, plantea una sinergia entre la jurisdicción agraria y las instituciones; tutela también los derechos de los consumidores de los bienes agrícolas; los asuntos relativos a temas fitosanitarios y zoosanitarios y todo lo relacionado con la aplicación de la Ley INDER, según explicó a los participantes Carlos Picado, juez integrante del Tribunal Superior Agrario.

“El derecho agrario es la rama del derecho que mejor puede contribuir al desarrollo de la agricultura costarricense, que tiene particularidades que otras actividades empresariales no tienen. Es el derecho propio de nuestra agricultura, porque es el que procura tutelar de mejor manera los derechos propios de los agricultores”, dijo Carlos Bolaños, Coordinador de la Comisión de Derecho Agrario del Colegio de Abogados, y ex Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, ahora INDER, quien urgió a la modernización de la institucionalidad para que responda adecuadamente a los nuevos retos que enfrenta el sector agroproductivo en cuanto temas como la seguridad alimentaria, la  sostenibilidad de sus actividades, la apertura de mercados, entre otros.

Por su parte, el Ministro de Agricultura y Ganadería y rector del Sector Agropoecuario, Renato Alvarado Rivera, pidió a los participantes que ayuden a identificar las rutas para mejorar las condiciones de vida de las familias de las zonas rurales.  “En el sector agropecuario es donde tenemos los mayores problemas de pobreza y de desigualdad, por eso, y porque el sector lo demanda, necesitamos que nos ayuden a hacer las cosas de manera diferente. Tenemos el deber de transformar el sector agroalimentario y parte de ese cambio consiste en mejorar la gobernanza de las instituciones para dejar de decir que las cosas no se pueden hacer. Tenemos un solo sector agroalimentario, con una sola visión que todos debemos compartir sobre la agricultura que queremos tener en el 2050”, dijo el jerarca.

En el Foro también participó la magistrada de la Sala Primera, Carmenmaría Escoto Fernández, Presidenta interina de la Corte Suprema de Justicia, quien hizo un llamado para que los juristas vinculados con los temas agrarios reflexionen y analicen los temas relevantes de manera conjunta. “En ese intercambio de ideas están los mejores frutos. Confío en que se convierta en un espacio permanente de análisis y discusión de los temas de derecho agrario”, expresó.

La Viceministra Ana Cristina Quirós Soto destacó en la clausura,  que una de las conclusiones del Foro es la necesidad de articular mejor el trabajo de las entidades sectoriales y se comprometió a elevar ante el Consejo Agropecuario Nacional, CAN, las inquietudes y sugerencias planteadas por los abogados y abogadas para mejorar la gobernanza.

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